En un país donde los intereses privados han intentado por años apropiarse de bienes públicos estratégicos, el Ministerio de Salud, encabezado por el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, acaba de marcar un hito al frenar una nueva jugada privatizadora: el presunto intento de apropiación de la cadena Drogas La Rebaja. Esta intervención oportuna y decidida no solo protegió una de las redes de farmacias más grandes e históricas del país, sino que reafirmó el compromiso del gobierno del cambio con la defensa del interés colectivo.
Drogas La Rebaja, con más de 1.025 puntos de venta distribuidos por todo el territorio nacional, es mucho más que una cadena farmacéutica: es un pilar del acceso a medicamentos para millones de colombianos. Su capilaridad territorial permite que incluso en regiones donde el sistema de salud tiene dificultades, las personas puedan acceder a fármacos esenciales a precios asequibles. Por eso, la posibilidad de que este activo estratégico cayera en manos privadas, presuntamente con antecedentes cuestionables, encendió todas las alarmas.
Figuras como Juan Carlos Abadía, Emilio Tapia y la exgobernadora Dilian Francisca Toro —todos presuntamente vinculados a investigaciones o señalamientos por corrupción— estaban detrás del intento de tomar el control de La Rebaja. La jugada no era nueva: desde hace años, sectores políticos y económicos poderosos han intentado convertir en negocio lo que debería ser un derecho. En este caso, el objetivo era uno de los últimos bastiones del sistema de distribución pública de medicamentos, históricamente vinculado al proceso de extinción del cartel de Cali.
Sin embargo, esta vez el intento fue desactivado a tiempo. El Ministerio de Salud, junto con la Superintendencia de Sociedades, actuaron con contundencia. Se anticiparon a la movida, bloquearon cualquier posibilidad de que actores privados se hicieran con la cadena y garantizaron que La Rebaja permanezca al servicio del pueblo colombiano.
La medida no solo preserva la red de farmacias en manos del Estado, sino que evita un posible colapso en el acceso a medicamentos en cientos de municipios donde otras droguerías no llegan. Además, impide que se dispare el precio de los productos básicos en salud, como suele suceder cuando se consolida un monopolio privado.
Esta decisión envía un mensaje claro: en el gobierno de Gustavo Petro no se permitirá que la salud sea convertida en botín. Y en esta jugada, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo demostró temple, firmeza y visión de Estado. Su liderazgo fue clave para cortar de raíz la maniobra, proteger un activo vital y abrir una oportunidad para fortalecer la cadena, expandirla y mejorar el acceso equitativo a medicamentos.
Lejos de ceder ante las presiones, el gobierno optó por la defensa del interés público. Y eso, en un país donde las puertas giratorias entre lo público y lo privado han sido norma, no es poca cosa. Es una muestra del cambio que se está gestando: uno donde lo público no se vende, se protege.
Ahora, con La Rebaja fuera de las garras de los privatizadores, queda el reto de consolidar un modelo que asegure medicamentos de calidad, a precios justos, con cobertura nacional y con un enfoque de salud pública. Un modelo que, en lugar de enriquecer a unos pocos, garantice el bienestar de la mayoría.
Porque la salud no es mercancía. Y con este jaque mate, el ministro Jaramillo lo ha dejado claro.
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