¿Qué está pasando en San Marcos? Canacol Energy pide diálogo y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible
San Marcos, Sucre — En medio de un ambiente de creciente tensión social, el proyecto Sucre Norte de Canacol Energy, ubicado en zona rural del municipio de San Marcos, ha sido objeto de bloqueos, ataques a maquinaria y denuncias que han puesto en riesgo el desarrollo de una de las principales iniciativas de producción de gas natural del Caribe colombiano.
Según informó la compañía, desde hace varias semanas se vienen presentando presiones indebidas lideradas presuntamente por Darinel Arrieta, quien habría exigido pagos millonarios para permitir la continuidad de los trabajos. Entre las exigencias mencionadas figura una solicitud de un millón de dólares, según denunció Canacol. Estos hechos escalaron al punto de la incineración de maquinaria valorada en más de ocho millones de dólares, lo que afectó de forma grave el avance del proyecto y generó preocupación por la seguridad en la zona.
Pese a estos ataques, Canacol Energy ha reiterado su compromiso con el desarrollo sostenible, el respeto por el entorno y el trabajo articulado con las comunidades. La compañía señaló que el proyecto Sucre Norte cuenta con Licencia Ambiental 098 de 2008 y que ha recibido respaldo expreso del Cabildo Indígena Monte Grande, con quienes se han adelantado procesos de consulta previa en el marco de la legalidad.
Llamado al diálogo y a la institucionalidad
La empresa ha sido enfática en su disposición a abrir espacios de diálogo con las comunidades, bajo condiciones de respeto mutuo y dentro del marco legal. En un comunicado oficial, Canacol indicó que su propósito es avanzar en un desarrollo energético que beneficie a la región, impulse el empleo local y promueva inversiones sociales en educación, salud e infraestructura.
“Creemos firmemente que el progreso se construye a través de la concertación, no de las vías de hecho. Nuestro compromiso con San Marcos sigue firme”, afirmó un vocero de la compañía.
En respuesta a los hechos, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) con presencia de la Fuerza Pública, la Alcaldía de San Marcos, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, los Bomberos y el Comité Local de Gestión del Riesgo, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar las condiciones necesarias para el reinicio de las actividades.
Visibilidad nacional y preocupación ciudadana
El caso no ha pasado desapercibido. En redes sociales, el tema se ha vuelto tendencia nacional, generando opiniones divididas y llamados de atención tanto desde sectores empresariales como desde organizaciones sociales. Varios usuarios han expresado preocupación por la instrumentalización de supuestas protestas para imponer condiciones económicas a las empresas. Otros han pedido mayor presencia institucional para que las comunidades tengan canales legítimos de interlocución.
Ante esta visibilidad, se hace un llamado urgente a las entidades competentes —Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría y autoridades territoriales— para que se promuevan espacios de diálogo entre la comunidad y la empresa, y se evite que el conflicto escale aún más. La prioridad, coinciden distintos actores, debe ser proteger el bienestar colectivo y asegurar que los proyectos estratégicos avancen sin poner en riesgo la convivencia ni el desarrollo de la región.
Un proyecto estratégico para Sucre
Canacol Energy ha sido un actor clave en la expansión de la infraestructura energética del país. Su presencia en Sucre ha estado acompañada de iniciativas de fortalecimiento comunitario, contratación de mano de obra local y programas de inversión social. En el caso de Sucre Norte, el objetivo es no solo contribuir al abastecimiento nacional de gas, sino también generar valor compartido en los territorios.
El proyecto incluye obras de mejoramiento vial, apoyo a emprendimientos rurales, capacitación en oficios técnicos y acompañamiento a iniciativas productivas. “Nos interesa dejar una huella positiva en el territorio”, ha manifestado la empresa en sus canales oficiales.
¿Protesta o chantaje?
La situación en San Marcos también ha puesto sobre la mesa una discusión más amplia: ¿cómo distinguir entre el ejercicio legítimo de los derechos colectivos y las acciones que constituyen una presión indebida? Aunque el derecho a la protesta está protegido constitucionalmente, expertos en derecho y desarrollo territorial coinciden en que debe existir una línea clara entre exigir garantías y recurrir a prácticas que bordean la extorsión.
Para analistas del sector, lo ocurrido en Sucre es un llamado a fortalecer los mecanismos institucionales, garantizar la seguridad jurídica y asegurar que los proyectos de interés público se desarrollen con reglas claras, protegiendo tanto a los inversionistas como a las comunidades.
Un mensaje de compromiso
En medio de la tensión, Canacol Energy ha optado por mantener una postura de apertura y conciliación. La empresa reafirmó que seguirá trabajando de la mano con las autoridades y la comunidad para construir soluciones de fondo que eviten que los conflictos deriven en violencia o estancamiento del desarrollo.
“No renunciamos a nuestro compromiso con San Marcos. Estamos aquí para trabajar, invertir y construir con la gente. El diálogo debe primar sobre la imposición”, concluyó la empresa.
EL TRINO. CO
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