Bogotá, Colombia.
El feminicidio de Yesica Paola Chávez, una joven de 26 años y madre de un niño de apenas 2, ha generado profunda indignación y luto en todo el país. El crimen ocurrió en su lugar de trabajo, una peluquería en Bogotá, donde fue asesinada a sangre fría por su expareja, el patrullero Andrés Julián Meza Ramírez, quien luego se quitó la vida.
Los hechos sucedieron el pasado lunes 22 de abril en la localidad de Bosa. Cámaras de seguridad captaron cómo Meza ingresó al establecimiento vestido de civil, portando únicamente un casco de la Policía Nacional. Se dirigió directamente hacia Yesica y sin mediar palabra sacó un arma que llevaba oculta en la cintura. Disparó en al menos 10 ocasiones, recargó el arma y volvió a disparar. Finalmente, se apuntó en la cabeza y se suicidó.
El crimen dejó sin madre a un niño de apenas dos años, hijo de la víctima y también del feminicida.
Un caso que pudo evitarse
De acuerdo con información revelada por medios como Noticias Caracol y El Espectador, Yesica había terminado su relación con Meza Ramírez debido a múltiples episodios de violencia física y verbal. Allegados a la joven señalaron que ella había decidido alejarse definitivamente del agresor, pero este no aceptó la decisión.
Según fuentes internas de la Policía Nacional, el patrullero tenía antecedentes disciplinarios por presunto maltrato desde el año 2019, así como un nuevo reporte en 2024. A pesar de esto, seguía activo dentro de la institución.
Organizaciones como la Fundación Feminicidios Colombia, que hace seguimiento a los casos de violencia de género, han advertido en múltiples ocasiones sobre los fallos del sistema para proteger a las mujeres, especialmente cuando el agresor es parte de una institución armada.
“El caso de Yesica revela la falta de control y seguimiento en los procesos disciplinarios de la Policía. No basta con tener antecedentes si no se actúa a tiempo”, señaló en su cuenta de X la abogada y activista Catalina Ruiz-Navarro.
“Si no era para él, no era para nadie”
Frases como esa, pronunciadas por el agresor en el pasado según testigos cercanos al caso, son reflejo de una violencia posesiva que ha cobrado la vida de cientos de mujeres en Colombia. El año pasado, según cifras del Observatorio de Feminicidios de Colombia, se registraron 627 feminicidios en el país. En 2024, ya van más de 180 casos confirmados hasta abril.
Este crimen ha encendido nuevamente las alarmas sobre la necesidad de fortalecer las rutas de atención y protección para mujeres en riesgo, así como revisar a fondo los mecanismos de control dentro de las fuerzas armadas y de policía.
Clamor por justicia y protección
La familia de Yesica ha pedido que el caso no sea archivado simplemente como un suicidio del agresor. “Aquí hubo un feminicidio. No se puede cerrar el caso con el argumento de que él se mató. Hay responsables institucionales que deben responder”, expresó uno de sus familiares en declaraciones a W Radio.
El Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, se pronunció diciendo que el caso será seguido de cerca y que se activarán los mecanismos de apoyo a la familia. “No podemos permitir que los agresores sigan usando el uniforme como escudo de impunidad. Las mujeres tienen derecho a vivir sin miedo”, afirmó la funcionaria en rueda de prensa.
Un país que no protege
Este nuevo caso se suma a una larga lista de crímenes que evidencian cómo el Estado colombiano aún no garantiza condiciones mínimas de protección para las mujeres víctimas de violencia. La ausencia de alertas tempranas, la lentitud en las investigaciones disciplinarias, y la cultura institucional de encubrimiento y silencio, siguen cobrando vidas.
Yesica Paola Chávez no solo fue víctima de un feminicida. Fue víctima de un sistema que falló en protegerla. Hoy, Colombia exige que su historia no quede impune, y que su memoria impulse cambios reales en la lucha contra la violencia de género.
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