Ibagué, abril 21 de 2025 — En una decisión que ya genera intensos debates políticos y jurídicos en la capital tolimense, el Tribunal Administrativo del Tolima, a través del magistrado ponente José Andrés Rojas Villa, ordenó el arresto por quince (15) días de la actual alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por presuntamente incurrir en desacato a una orden judicial vigente desde hace más de una década.
Según lo ordenado, la sanción debe cumplirse de manera inmediata en el Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué, tal como lo establece el auto emitido el pasado 21 de abril. La Sala del Tribunal concluyó que la administración municipal no habría acatado las órdenes judiciales dictadas desde 2005, relacionadas con la reubicación de predios en el sector del Hato de la Virgen y la culminación de un proyecto de construcción en el sector del Reposo.
¿Qué motivó esta medida?
El incidente de desacato fue promovido por ciudadanos encabezados por Joaquín Augusto Torres Nieves, quienes señalaron que la administración actual no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en sentencias anteriores. En audiencia del 14 de febrero de 2025, el Tribunal no encontró justificación válida para este presunto incumplimiento, lo que derivó en la orden de arresto.
Además de la alcaldesa, el fallo también involucra a Olga Lucía Alfonso, en su rol de directora de Cortolima, por hechos relacionados con la misma causa judicial.
Implicaciones políticas y administrativas
Esta decisión se convierte en un precedente importante frente al cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de funcionarios públicos. Para sectores críticos de la administración de Aranda, el fallo demuestra que la justicia sigue operando incluso cuando se trata de figuras con poder político. Según estos sectores, la alcaldesa estaría priorizando compromisos políticos con figuras del pasado gobierno local, como Andrés Hurtado, por encima de sus responsabilidades legales y sociales.
Sin embargo, los defensores de Aranda aseguran que la decisión deberá ser revisada con rigurosidad, ya que presuntamente existen dificultades estructurales para ejecutar las órdenes dentro de los tiempos exigidos judicialmente.
¿Qué sigue?
La alcaldesa deberá cumplir los 15 días de arresto, sin posibilidad de eludir la orden. Este hecho podría además derivar en nuevas investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación, y potencialmente abrir la puerta a sanciones administrativas adicionales.
La ciudadanía de Ibagué sigue atenta al desarrollo de esta situación que, presuntamente, revela una profunda desconexión entre la administración municipal y el cumplimiento de los fallos judiciales.
📌 Esta es una noticia en desarrollo. Seguiremos informando sobre las reacciones institucionales y las posibles consecuencias políticas de este hecho sin precedentes en la ciudad de Ibagué.
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