Por años, el sistema de salud colombiano ha sido un negocio millonario para unos pocos y un calvario para millones de pacientes. Lo que hoy vive el país no es una crisis improvisada, ni una consecuencia de la reforma que aún no se ha aprobado. Es, por el contrario, el resultado de décadas de corrupción institucionalizada, negligencia de los gobiernos anteriores y un modelo de intermediación que convirtió la salud en un mercado, no en un derecho.
$11 billones perdidos: la dimensión del saqueo
La Contraloría General de la República destapó una cifra escalofriante: más de 11 billones de pesos en irregularidades en el sector salud. De ese total, 5 billones corresponden a pagos hechos sin respaldo en facturación real y otros 6 billonesfueron usados para tapar huecos financieros de años anteriores, sin que existiera trazabilidad ni justificación. Esta información fue confirmada por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien aseguró que hay más de 500 procesos fiscales abiertos solo por corrupción en salud.
Pero eso no es todo. También se han identificado múltiples casos de sobrecostos en medicamentos, facturación por servicios no prestados, y hasta redes de corrupción que cobraban por pacientes inexistentes. Es un sistema diseñado para enriquecerse del dolor ajeno.
EPS bajo la lupa: Saludvida, Nueva EPS y más
Uno de los escándalos más recientes involucra a José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, a quien la Fiscalía le imputó cargos por ocultar más de 14 millones de facturas y desviar 70.500 millones de pesos entre 2014 y 2023. Estos delitos no son aislados: hacen parte de un patrón de corrupción donde las EPS han actuado con total impunidad, acumulando deudas con hospitales públicos, cerrando clínicas sin justificación y dejando sin atención a millones de colombianos.
Otro caso emblemático es el de Saludvida, intervenida por el Estado tras hallazgos de manejo irregular de recursos públicos. Según investigaciones de medios como La W Radio, esta EPS fue usada por contratistas del viejo régimen para desviar recursos hacia campañas políticas y financiar intereses privados.
¿Por qué temen tanto la reforma?
La propuesta del gobierno de Gustavo Petro busca eliminar la intermediación financiera de las EPS, fortalecer la red pública hospitalaria y garantizar un modelo preventivo, con atención primaria universal. ¿Qué significa eso? Que las EPS perderían su poder y sus multimillonarios ingresos por manejar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que en 2024 fue de $1,3 millones por afiliado al año. Solo en 2023, se transfirieron más de 80 billones de pesos a las EPS.
Eliminar ese negocio representa un golpe directo a los intereses de quienes han vivido del sistema, por eso la reforma ha sido saboteada desde dentro del Congreso, incluso por congresistas que se decían del cambio, pero terminaron defendiendo el statu quo.
Guillermo Jaramillo: un ministro con valentía y coherencia
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha sido una de las voces más firmes en defensa del derecho a la salud. Desde que asumió el cargo, ha priorizado el enfoque preventivo y territorial, ha denunciado públicamente los abusos de las EPS, y ha trabajado incansablemente para avanzar la reforma a pesar del saboteo constante.
Bajo su liderazgo, el Ministerio ha fortalecido las Rutas Integrales de Atención en Salud, ha aumentado el presupuesto para la red hospitalaria pública y ha hecho un llamado claro y reiterado a que los recursos de la salud lleguen directamente a quienes prestan los servicios, sin intermediarios.
Además, Jaramillo ha sido enfático en la necesidad de una consulta popular, una medida democrática que le devuelva al pueblo la decisión sobre el futuro del sistema de salud, ante el bloqueo de sectores políticos comprometidos con el viejo modelo.
Una reforma bloqueada por la politiquería
La reforma ha sido hundida y revivida varias veces. En octubre de 2023 fue archivada en la Comisión Séptima del Senado por la mayoría tradicional, pero en 2024 el Gobierno logró avanzar en Cámara con una versión que transformaría las EPS en Gestoras de Salud y Vida, con funciones limitadas y bajo supervisión del Estado.
A pesar de los esfuerzos, los mismos sectores que nunca denunciaron los robos durante los gobiernos anteriores ahora se oponen a cualquier cambio. Alegan que la reforma “acaba con la libre elección”, cuando en realidad busca garantizar atención oportuna y cercana, sin que una EPS decida si un paciente merece o no ser tratado.
Lo que no dicen los medios tradicionales
Mientras la oposición y los medios concentrados en el poder económico atacan la reforma, silencian los escándalos. Muy poco se habla de cómo las clínicas privadas se niegan a prestar servicios si no hay pago anticipado, o de cómo los hospitales públicos están asfixiados por las deudas que las EPS nunca pagan.
Tampoco se cubre con suficiente profundidad cómo los grupos económicos dueños de EPS y clínicas financian campañas políticas, compran congresistas y controlan narrativas mediáticas para frenar los cambios que propone el Gobierno.
¿Y ahora qué?
Ante el bloqueo institucional, el presidente Petro propuso en marzo de 2025 una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre la reforma. Es una medida democrática y legítima, que podría abrir el camino para transformar de fondo un sistema que ha fallado.
El mensaje es claro: el negocio de la salud como está ha beneficiado a unos pocos y dejado morir a millones. El país necesita una reforma seria, ética y humana. No podemos seguir permitiendo que los mismos que se robaron el sistema ahora quieran impedir su transformación.
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