Ibagué, Tolima – En un nuevo escándalo que sacude la esfera política local, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, enfrenta una situación que pone en entredicho su integridad como funcionaria pública. Según información conocida por este medio, Aranda fue presuntamente demandada judicialmente por una deuda que asciende a los 500 millones de pesos, un monto que comprometería no solo su patrimonio, sino también su credibilidad como servidora pública.
La deuda en cuestión tiene su origen en una letra de cambio por 500 millones de pesos, donde Aranda figura como codeudora, junto a Sandra Milena Bastidas Torres, una persona identificada como su amiga cercana. La acción legal en su contra fue promovida por una firma de abogados que, luego de realizar una gestión de cobro prejurídico, recibió el reconocimiento directo de la deuda por parte de Aranda, según documentos en poder del despacho jurídico.
El proceso, de naturaleza ejecutiva, ha sido descrito por la firma demandante como una situación grave, ya que, pese al reconocimiento y a la firma de un plan de pago por parte de las involucradas, el acuerdo fue incumplido en su totalidad. Esto ha llevado a los abogados a calificar el comportamiento de la alcaldesa como “doloso, de mala fe y absolutamente contrario al ejemplo que debe dar una figura pública que ostenta un cargo de elección popular”.
La polémica se intensifica al conocerse que el demandante es un ingeniero tolimense, quien asegura que el dinero entregado fue presuntamente utilizado para financiar actividades relacionadas con la campaña electoral que llevó a Johana Aranda al poder. A pesar de los intentos por recuperar la suma prestada, y tras más de dos años sin obtener una respuesta concreta, el ingeniero decidió acudir a los estrados judiciales con el fin de obtener justicia.
¿Venta de propiedades para evadir embargos?
A medida que el proceso judicial toma forma, surgen nuevos elementos que despiertan sospechas entre la ciudadanía. Según diversas fuentes, la alcaldesa Aranda estaría en proceso de vender varias de sus propiedades, entre ellas, una vivienda ubicada en el sector de El Vergel y una camioneta de alta gama, presuntamente con el fin de evadir futuros embargos judiciales.
Aunque no existe hasta el momento un pronunciamiento oficial por parte de la mandataria sobre este hecho, los rumores sobre la liquidación acelerada de su patrimonio refuerzan la percepción de un intento por evadir sus compromisos financieros, conducta que sería reprochable para cualquier ciudadano, pero mucho más para quien ostenta una de las principales responsabilidades administrativas del municipio.
Entre las posibles medidas que podría adoptar el juzgado, se encuentra el embargo del salario de la alcaldesa, lo cual demostraría que no se trata de una deuda menor ni de un asunto de simple olvido, sino de una obligación financiera con implicaciones legales que podría escalar hasta generar consecuencias en el ejercicio de sus funciones públicas.
¿Instrumentos engañosos para eludir la justicia?
El ambiente político en Ibagué no es ajeno a controversias, pero este caso genera una alarma adicional: ¿Está una funcionaria electa recurriendo a prácticas poco éticas para dilatar un proceso judicial o evadir sus responsabilidades como deudora? ¿Se usarán instrumentos legales engañosos para evitar que la justicia avance? ¿O se trata simplemente de una situación financiera mal manejada?
La ciudadanía espera respuestas. El demandante ha pedido al juzgado que se actúe con celeridad y transparencia, pues el proceso, según denuncia, no avanza al ritmo esperado. Lo que está en juego no es solo la recuperación de una millonaria suma de dinero, sino también la credibilidad de una figura política que representa a toda una ciudad.
En un momento en el que la confianza en las instituciones es frágil y la lucha contra la corrupción es bandera nacional, casos como este despiertan preocupación y rechazo. La justicia tendrá la última palabra, pero mientras tanto, los ciudadanos tienen derecho a saber, a exigir rendición de cuentas, y a preguntarse con razón:
¿Por qué la alcaldesa Johana Aranda estaría vendiendo propiedades justo cuando enfrenta una demanda millonaria? ¿Está el poder siendo usado como escudo para eludir la justicia? ¿Qué mensaje se está enviando a la ciudadanía cuando una autoridad pública es señalada de incumplir sus deudas y presuntamente actuar con dolo?
Seguiremos informando.
El Trino
Donde los grandes callan, nosotros trinamos.
Este post tiene 0 Comentarios