Un nuevo escándalo sacude al sistema de salud colombiano. Un informe reciente reveló que una reconocida EPS habría cobrado más de 600 mil millones de pesos por servicios prestados a más de 50 mil usuarios fallecidos, un hallazgo que vuelve a poner en entredicho el manejo de los recursos públicos en el sector y la falta de control de años anteriores.
La investigación, dada a conocer por El Cronista con base en datos oficiales de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), señala que entre 2018 y 2023 se facturaron servicios médicos por aproximadamente 2,3 billones de pesos a 471.480 personas que ya habían muerto.
El caso más escandaloso involucra a una de las EPS más grandes del país —presuntamente EPS Sura— que habría reportado 50.404 afiliados fallecidos por los cuales se cobraron $684.969 millones de pesos. En algunos casos, los registros mostraban atenciones médicas hasta 20 años después del fallecimiento del paciente, una situación que excede cualquier explicación de tipo administrativo.
Un patrón de corrupción y descontrol
De acuerdo con el reporte, este tipo de prácticas se repite en varias entidades del sistema, revelando un patrón sistemático de facturación fraudulenta o negligente. Los hallazgos fueron posibles gracias al cruce de bases de datos entre la ADRES y la Registraduría Nacional, que permitió identificar inconsistencias en los reportes de las EPS y en los pagos realizados con recursos públicos.
Voceros del sector salud calificaron las cifras como “una radiografía de la descomposición del modelo de aseguramiento”, y advirtieron que durante años las EPS manejaron miles de millones sin una vigilancia real, aprovechando vacíos normativos y una débil capacidad de auditoría del Estado.
Medidas de control
Desde el Ministerio de Salud, se confirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro ya trabaja en una auditoría integral sobre los pagos realizados a las EPS durante la última década. La ministra ha reiterado que este tipo de hallazgos refuerzan la urgencia de avanzar en la reforma estructural al sistema de salud, que busca garantizar que los recursos lleguen directamente a los hospitales y a los pacientes, sin intermediaciones abusivas.
“Lo que demuestra este informe es que la salud se convirtió en un negocio de facturación, no en un derecho. Este gobierno está decidido a acabar con esa corrupción enquistada”, señaló una fuente cercana al Ministerio de Salud.
Además, la ADRES anunció que trasladará los casos más graves a la Contraloría General y a la Fiscalía, con el fin de establecer responsabilidades penales y recuperar los dineros públicos desviados.
Un modelo que se agota
Expertos en salud pública consideran que este nuevo escándalo es solo la punta del iceberg de un sistema que durante años permitió abusos por parte de intermediarios privados.
“El hecho de que se cobren tratamientos a personas muertas muestra que las EPS no controlan la veracidad de sus facturas, y que el Estado ha sido débil en exigir cuentas. Es la evidencia más clara de por qué se necesita una reforma profunda”, señaló un analista.
En redes sociales, cientos de usuarios expresaron su indignación frente a la magnitud del fraude y respaldaron la idea de fortalecer el control estatal sobre los recursos de la salud. Muchos recordaron que durante años se defendió a las EPS como “el corazón del sistema”, mientras miles de pacientes enfrentaban negaciones de tratamientos y largas esperas.
Este escándalo no solo evidencia la urgencia de depurar el sistema, sino también la necesidad de avanzar hacia un modelo más transparente, centrado en la vida y no en el negocio.
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