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Indignación por licitación que favorecería a empresa perfiladora de influenciadores progresistas

diciembre 11, 2025


Crece la controversia alrededor del proceso de licitación FTIC-LP-003-2025 del Ministerio TIC, que pretende adjudicar más de 15 mil millones de pesos para la implementación de una estrategia tecnológica nacional con inteligencia artificial. La indignación se disparó cuando se conoció que una de las empresas con posibilidades de quedarse con el millonario contrato es P73 Group SAS, compañía que hasta enero de 2025 se llamaba Du Brands SAS, y que antes operó como Du Mercadeo S.A.

El cambio de nombre, registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá mediante acta del 20 de enero de 2025, desató sospechas debido a que Du Brands fue señalada en el pasado de elaborar bases de datos que clasificaban a influenciadores, periodistas, activistas y figuras políticas como positivos, neutros o negativos. Entre los enlistados, según las denuncias públicas de la época, aparecían incluso el hoy presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, ambos catalogados como “negativos”. El hecho generó rechazo en organizaciones de derechos digitales y alertas sobre su impacto en la seguridad de los perfilados.

Ahora, esa misma empresa —con nueva razón social— busca convertirse en contratista privilegiada del Ministerio TIC bajo el actual gobierno, lo que ha provocado un fuerte rechazo en redes sociales por parte de influenciadores progresistas y figuras que en su momento fueron objeto de esas presuntas perfilaciones. Para muchos, resulta inadmisible que una compañía cuestionada por prácticas de vigilancia política pueda recibir recursos públicos destinados a proyectos tecnológicos estratégicos.

Las críticas aumentaron luego de que, durante la audiencia de adjudicación, se conocieran denuncias sobre un presunto intento de direccionamiento del proceso desde meses atrás. Voces ciudadanas y líderes de opinión cuestionan cómo una licitación tan sensible —asociada al uso de inteligencia artificial a nivel nacional— podría terminar en manos de una firma que ya estuvo en el centro de una controversia por el manejo opaco de datos y la clasificación ideológica de usuarios en redes sociales.

La presión pública ahora se concentra en la ministra Carina Murcia, a quien le exigen claridad inmediata sobre los antecedentes del proponente, el alcance de la licitación y los criterios que podrían llevar a adjudicarle el contrato. Para los denunciantes, permitir que P73 Group SAS avance en el proceso sería “un acto de incoherencia histórica”, tratándose de un gobierno que fue precisamente uno de los principales afectados por las prácticas atribuidas a la misma compañía cuando operaba bajo otros nombres.

La ciudadanía exige respuestas, transparencia y garantías de que recursos públicos no terminen fortaleciendo a empresas cuestionadas por prácticas que vulneran la confianza democrática y ponen en riesgo la protección de datos y la libertad de expresión. Por ahora, el escándalo sigue creciendo y la decisión final del MinTIC será observada con lupa.

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