Un impactante accidente ocurrido en la vía que conduce de La Calera a Sopó /Cundinamarca) ha desatado una ola de críticas por el manejo discreto y, para muchos, inexplicablemente indulgente que han tenido las autoridades y algunos medios frente al conductor del Ferrari involucrado en el choque que dejó un humilde motociclista fallecido.
El siniestro, registrado el pasado 4 de diciembre, ocurrió cuando un Ferrari 488 GTB amarillo impactó por detrás a una motocicleta que intentaba girar hacia una vía secundaria. El motociclista, identificado como Jeison Javier Cruz Raigoso, murió en el lugar debido a la violencia del choque. Mientras la escena evidenciaba la gravedad del caso, el tratamiento mediático y judicial ha ido tomando un rumbo que despierta más preguntas que respuestas.
Diversos reportes periodísticos han señalado que el lujoso vehículo está registrado a nombre de una empresa privada y vinculado a un empresario que, según versiones publicadas por la prensa, posee varios automóviles de alta gama. Sin embargo, pese al impacto social por la muerte del motociclista, no se ha informado con claridad quién conducía el Ferrari al momento del accidente, si la persona fue retenida o si se han tomado medidas judiciales más allá de confirmar que la prueba de alcoholemia resultó negativa.
La falta de información oficial y la rapidez con la que se ha desplazado el foco de atención —pasando del fallecimiento del motociclista a los daños materiales del automóvil— han generado molestia ciudadana. En redes sociales y grupos de apoyo se cuestiona el aparente silencio institucional, un silencio que contrasta con la contundencia que suele aplicarse cuando el conductor involucrado no pertenece a élites económicas.
Todo esto sugiere un posible trato diferenciado: un accidente fatal que, lejos de resolverse con transparencia y celeridad, parece rodeado de reservas que alimentan la percepción de que el poder adquisitivo puede influir en el rigor del proceso. Mientras tanto, la familia de la víctima y la ciudadanía siguen esperando claridad sobre responsabilidades, avances en la investigación y garantías de que este caso no quedará atrapado en la niebla de la impunidad.
Adolfo Reyes Gómez figura como propietario del vehículo involucrado en el accidente: el Ferrari 488 amarillo que embistió una motocicleta en la vía La Calera-Sopó. Ese automóvil está registrado a nombre de la empresa Coorserpark S.A.S. —la firma matriz de la red funeraria Capillas de la Fe, que reúne decenas de compañías dedicadas a servicios exequiales.
Reyes Gómez no es un empresario cualquiera: según investigaciones de medios nacionales, se le considera “uno de los hombres más ricos del país”. Su fortuna no proviene de negocios glamour, sino del llamado “negocio de la muerte”: planes funerarios, venta de ataúdes, flotas de carrozas fúnebres, salas de velación y servicios exequiales masivos que, con el tiempo, le permitieron construir un emporio que abarca buena parte del territorio nacional.
Ese perfil empresarial y su fortaleza económica explican en parte por qué el accidente ocurrido ha despertado tantas suspicacias: muchos ciudadanos e observadores critican que ante semejante tragedia —el deceso de un motociclista— el tratamiento mediático y social parezca girar más en torno al lujo del vehículo que a la pérdida de una vida humana.
La muerte de Jeison Cruz Raigoso no debería convertirse en una estadística más. Este accidente, además de apuntar a posibles negligencias viales, evidencia con crudeza una falla institucional: cuando hay alto poder adquisitivo involucrado, los procesos se desdibujan, la memoria colectiva se desvía, y la víctima secundaria —comúnmente un motociclista o peatón— es olvidada.
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— #UnTinticoParaDos (@tinticoparados) December 5, 2025
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