Un escándalo sin precedentes irrumpe hoy el debate público sobre la salud en Colombia. Según un informe reciente del Ministerio de Salud, entre los años 2020 y 2023 las Entidades Promotoras de Salud (EPS) habrían ejecutado cobros irregulares por 2,8 billones de pesos, mediante dos modalidades atroces: facturación de servicios a personas ya fallecidas y aplicación de sobrecostos en medicamentos.
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, verdadero bastión de la transformación del sistema de salud, remitió al presidente Gustavo Petro un documento urgente con cifras escalofriantes:
- Se facturaron servicios médicos a 274.434 personas fallecidas, por un monto estimado en 1,386 billones de pesos.
- Se detectaron medicamentos vendidos por encima del Precio Máximo de Venta (PMV) entre 2019 y 2023 por un valor adicional de 1,422 billones de pesos.
- En ambos casos, la EPS Sura figura como la que acumula las cifras más altas de irregularidades.
En su carta al Presidente, Jaramillo advierte:
“Sr. Presidente. Usted puede ver cómo han cobrado servicios de atención a personas fallecidas … medicamentos con valores por encima del PMV … En total 2,808 billones entre fallecidos y medicamentos. Estamos poniendo denuncia penal.”
La denuncia, oficializada por el Ejecutivo, pone en jaque a un modelo que ha sido cuestionado desde hace décadas por su opacidad, intermediación desmesurada y debilidad institucional.
Durante años, las EPS han sido señaladas como agentes que alargan circuitos administrativos, atrapan recursos y desvían el propósito original del sistema de salud: garantizar la atención oportuna al ciudadano.
Hoy, bajo el gobierno de Gustavo Petro, esta denuncia evidencia que detrás del aparato administrativo pueden esconderse delitos de magnitud: lo que para muchos era rumor, hoy tiene peso jurídico y presupuestal.
La credibilidad del réprobo sistema privado-titularidad mixta se tambalea, mientras el Estado recobra el papel rector. La denuncia penal anunciada por el ministro Jaramillo no es solo una acción simbólica: en el contexto de la reforma a la salud, es una señal al país de que el Ejecutivo no permitirá impunidad.
La divulgación del informe generó una inmediata reacción del gremio asegurador. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) rechazó las acusaciones, calificándolas de “infundadas” y “temerarias”.
Acemi alegó que muchos de los cobros corresponden a servicios efectivamente prestados, gestionados “post mortem” en los procesos administrativos. Añadió que acusaciones de esta magnitud deterioran aún más la ya compleja situación financiera del sistema.
Sin embargo, el Ejecutivo responde que la gravedad del asunto exige claridades judiciales y sanciones ejemplares. Para el presidente Petro, este hallazgo confirma que la intermediación privada ha sido un gigantesco “agujero negro” en el financiamiento de la salud pública.
Petro y Jaramillo: héroes de la defensa del derecho a la salud
El presidente Gustavo Petro destacó en su cuenta de X la valentía del ministro Jaramillo:
“Casi tres billones de pesos se robaron entre 2020 y 2023 las EPS … Esto me escribe el ministro de salud Guillermo Jaramillo, verdadero héroe en la defensa de la salud del pueblo.”
Para el Gobierno, este episodio refuerza con hechos la necesidad imperiosa de reestructurar el sistema sanitario —no como un capricho político, sino como una obligación moral frente a un pueblo que clama por salud como derecho y no como mercancía.
La revelación de que las EPS habrían cobrado servicios a personas muertas y aplicado sobrecostos masivos en medicamentos no solo escandaliza; conmueve el alma del país. Es la exposición de una corrupción institucional que atravesó todas las capas del sistema de salud, vaciándolo de su función social.
Pero también es, para el Gobierno de Petro y para el ministro Jaramillo, una oportunidad histórica. Si el Estado logra recuperar estos recursos, judicializar los responsables y avanzar sin vacilaciones en la reforma estructural del sistema, este episodio podría marcar el punto de inflexión hacia un sistema verdaderamente público, equitativo y al servicio del pueblo.
Casi tres billones de pesos se robaron entre 2020 y 2023 las EPS, con tratamientos a 274.000 personas que ya estaban muertas y con sobrecostos en medicamentos
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2025
Esto me escribe el ministro de salud Guillermo Jaramillo, verdadero héroe en la defensa de la salud del pueblo;
'Sr…
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