¿Extorsión disfrazada de “colaboración”? Profesionales de la salud en el municipio de Sahagún, Córdoba, están alzando la voz ante una situación que raya en lo absurdo, lo inhumano y lo abiertamente corrupto: estarían siendo obligados a entregar el 50% de su salario mensual como condición para mantener sus empleos en el Centro de Atención Médica de Urgencia (CAMU) San Rafael.
Médicos generales, odontólogos, psicólogos, instrumentadores quirúrgicos y enfermeros profesionales denuncian que esta práctica, que podría constituir un delito, se estaría ejecutando de forma sistemática, bajo amenazas veladas y con total descaro por parte de algunas directivas o intermediarios.
“Es indignante. Nos formamos durante años, trabajamos jornadas extensas, y ahora nos piden que entreguemos la mitad de nuestro sueldo. Esto es inaceptable”, declaró uno de los profesionales de la salud, que por miedo a represalias, pidió reservar su identidad.
Esta situación no solo representa una burla para los profesionales del sector salud, sino que deja al descubierto el nivel de podredumbre que puede esconderse tras las paredes de una institución que, irónicamente, fue creada para salvar vidas y no para destruir la dignidad de quienes las salvan.
Hasta el momento, no hay una versión oficial que explique las razones detrás de esta exigencia escandalosa. Sin embargo, algunos trabajadores señalan que se trataría de una maniobra irregular para financiar supuestos gastos internos o incluso de una red de corrupción amparada en el silencio institucional.
Vale la pena recordar que no es la primera vez que el CAMU San Rafael se ve envuelto en escándalos de corrupción. En junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas, incluyendo a funcionarios y particulares, por un millonario desfalco en esta institución. Los implicados habrían instalado un programa en el computador de la tesorera para acceder remotamente a una cuenta corriente del CAMU, realizando ocho transferencias ilegales por un total de $515 millones de pesos a cuentas de personas sin vínculo con el centro de salud. Los delitos imputados incluyen peculado por apropiación y transferencia no consentida de activos .
Además, no es la primera vez que el sector salud en Colombia se ve salpicado por prácticas aberrantes como esta. El país ya ha condenado casos similares como el polémico Cartel de la Hemofilia, en Córdoba, donde se desviaron más de 50 mil millones de pesos usando pacientes falsos y facturación inflada. Parte de ese dinero fue utilizado para campañas políticas. Funcionarios públicos y empresarios de IPS fueron procesados por este robo al sistema.
El escándalo de SaludCoop, donde Carlos Palacino, exgerente de la EPS, fue condenado a 15 años de prisión por el desvío de recursos públicos de la salud para otros fines, incluyendo lujos y beneficios personales, mientras los usuarios sufrían la falta de atención y medicamentos.
¿Qué más debe pasar para que las autoridades reaccionen? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la corrupción siga carcomiendo un sistema que debería protegernos? Si se confirma que estas exigencias en Sahagún son ciertas, estaríamos frente a una extorsión institucionalizada con implicaciones penales y éticas gravísimas.
El llamado es urgente: que los entes de control actúen, que se proteja a quienes denuncian, y que se garantice que ningún profesional tenga que escoger entre su sustento y su dignidad.
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