En los últimos dos años, Colombia ha vivido un proceso de redistribución de tierras sin precedentes. Por primera vez en la historia reciente, un gobierno ha puesto la reforma agraria en el centro de la agenda pública y ha logrado avanzar, no solo en promesas, sino en entregas concretas y verificables. Desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro en 2022, se han entregado cerca de 570.000 hectáreas de tierra a campesinos, víctimas del conflicto, comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que supera ampliamente los resultados de los gobiernos anteriores.
Durante las administraciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque, los avances fueron mucho más limitados. Santos entregó apenas 27.827 hectáreas, y Duque 32.614. En contraste, el actual gobierno ha alcanzado más de nueve veces esa suma en menos de tres años. Es un salto histórico que marca un antes y un después en la forma en que el Estado responde a una de las demandas más sentidas del campo colombiano.
Detrás de esta transformación está el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras, primero bajo la dirección de Gerardo Vega, y ahora con Felipe Harman al frente. Vega, con más de una década de experiencia en temas de restitución, impulsó el arranque de la política agraria con compras y adjudicaciones estratégicas. Uno de los casos más emblemáticos fue la entrega del predio El Berlín en Acacías, Meta, a 140 firmantes del Acuerdo de Paz, quienes recibieron la tierra en tiempo récord y hoy desarrollan allí proyectos productivos en ganadería, cacao, café y caña.
Cuando Harman asumió el liderazgo de la entidad, en febrero de 2024, encontró una maquinaria en marcha que decidió acelerar aún más. Bajo su dirección se llevó a cabo la jornada “Reforma Agraria: Narciso Beleño”, que logró la entrega simultánea de tierras en once municipios del país, con más de 6.000 hectáreas distribuidas en un solo día. Fue un hito no solo por la cantidad, sino por la forma: con presencia institucional coordinada, participación comunitaria y enfoque territorial.
Este esfuerzo ha tenido un impacto claro en regiones históricamente olvidadas. En Cauca, por ejemplo, comunidades indígenas y afrodescendientes han recuperado más de 41.000 hectáreas de sus territorios ancestrales. En el Meta, además del predio para excombatientes, decenas de familias campesinas han recibido títulos y acceso a proyectos productivos. En ambos casos, el acceso a la tierra ha sido acompañado por inversión pública, asistencia técnica y apoyo institucional.
Más allá de las cifras, lo que está ocurriendo es una transformación en la vida de miles de familias que ahora tienen un pedazo de tierra propio, con título, con respaldo del Estado, y con posibilidades reales de producir, de quedarse en el territorio, de construir una economía campesina sólida. No es solo justicia histórica, es también desarrollo económico, dinamización de mercados locales, recuperación ambiental y construcción de paz.
El gobierno ha constituido además 13 nuevas Zonas de Reserva Campesina en varios departamentos, que protegen la vocación agrícola de más de 640.000 hectáreas, y ha formalizado más de 1,5 millones de hectáreas a campesinos que antes trabajaban sin papeles. Todo esto con metas claras: alcanzar la entrega de 1,5 millones de hectáreas antes del final del mandato en 2026.
El avance de esta política agraria ha sido posible gracias a una combinación poco frecuente en la política pública: voluntad política en la Presidencia, liderazgo técnico en la Agencia Nacional de Tierras, y participación activa de las comunidades. En medio de un país donde el acceso a la tierra ha sido fuente de conflicto, el hecho de que hoy se entreguen títulos, hectáreas productivas y proyectos sostenibles es una señal de que el cambio, al menos en este frente, es real.
El reto ahora es mantener el ritmo y asegurar que cada hectárea entregada se convierta en una oportunidad de vida digna, de arraigo y de transformación rural. Porque entregar la tierra no es solo un acto administrativo. Es, sobre todo, un acto de justicia.
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