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Vacunas - Ministerio de Salud

Indignación: policías sacan a turista de playa pública para entregarsela a lujoso hotel

diciembre 26, 2025


Una nueva denuncia volvió a encender la polémica en Cartagena y dejó en evidencia una práctica que ciudadanos y turistas vienen señalando desde hace años: la apropiación ilegal de playas públicas en beneficio de grandes hoteles, esta vez con la participación directa de miembros de la Policía. 

En un video viral, un turista denunció que fue retirado de una playa por uniformados, quienes le aseguraron que ese espacio “pertenecía” a un hotel cercano, pese a que la ley colombiana es clara en que las playas son bienes de uso público y no pueden ser privatizadas.

Según el relato de la víctima, el candidato a la Cámara por la circunscripción de los afrodescendientes, Oscar Benavides, los policías le pidieron abandonar el lugar sin mostrar ningún documento ni sustento legal, argumentando que se trataba de un área exclusiva del hotel, hecho que generó una oleada de críticas en redes sociales.

La denuncia no es un caso aislado. Desde hace tiempo, habitantes de Cartagena, vendedores ambulantes y visitantes han advertido sobre cercamientos informales, controles selectivos y presiones para expulsar a quienes no consumen en hoteles o clubes privados, en una clara violación al derecho ciudadano de disfrutar libremente del espacio público. 

Incluso, expertos han recordado que ningún hotel puede adueñarse de una playa, ni impedir el acceso, y mucho menos hacerlo con respaldo de la Policía, que terminó cuestionada duramente por abuso de autoridad y el aparente sometimiento de la fuerza pública a intereses privados, en una ciudad donde el turismo convive con profundas desigualdades.

El caso ha reavivado cuestionamientos sobre la falta de control de las autoridades locales y la pasividad del Estado frente a estas prácticas. Para muchos, lo ocurrido no solo afecta la imagen turística de la ciudad, sino que confirma una realidad más grave: en Cartagena, el poder económico parece estar por encima de la ley, mientras ciudadanos comunes y turistas quedan desprotegidos.

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