El país se encuentra en medio de una fuerte polémica tras la difusión de varios videos en los que Laura Gallego Solís, actual Señorita Antioquia 2025, hace comentarios que han sido interpretados como incitación a la violencia política. En los clips, la modelo plantea dinámicas de “preguntas y respuestas” con políticos de derecha, en las que se menciona la posibilidad de “dar bala” al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.
Las imágenes, grabadas durante entrevistas y espacios digitales, muestran a Gallego en tono burlesco preguntando a sus invitados frases como: “¿A quién le das la bala, a Petro o a Quintero?”. En una de las grabaciones, el precandidato presidencial Abelardo De La Espriella responde: “No, esos manes no valen ni una bala”, mientras ambos ríen. En otro video, junto al aspirante Santiago Botero, la reina insiste: “Al menos un cachazo para Petro”.
El material se viralizó en cuestión de horas, generando una ola de rechazo ciudadano y la condena de distintas figuras públicas. Desde el gobierno nacional, el ministro de Minas, Edwin Palma, cuestionó en redes si este tipo de expresiones violentas pueden ser toleradas por el Concurso Nacional de Belleza (CNB), que tradicionalmente promueve valores de respeto, cultura y liderazgo femenino.
El CNB emitió un comunicado en el que se deslinda de las opiniones políticas de las participantes y enfatiza que las reinas representan a sus regiones como “embajadoras de cultura y civismo”, por lo que deben abstenerse de realizar comentarios partidistas o violentos. La organización recordó que tales expresiones contradicen el espíritu del certamen, enfocado en la promoción del turismo, la inclusión y la paz social.
Desde el entorno político, el exalcalde Daniel Quintero calificó las declaraciones como un reflejo de la “cultura narco que aún persiste en ciertos sectores de la élite antioqueña”. Según Quintero, estos mensajes no son simples bromas, sino manifestaciones de odio que buscan legitimar la violencia política y minar la estabilidad democrática del país.
Diversas colectividades de derechos humanos también han exigido a la Fiscalía y a la Procuraduría evaluar si los hechos constituyen una falta disciplinaria o incitación a la violencia, recordando que Colombia atraviesa un proceso de reconciliación nacional que no puede ser saboteado por expresiones irresponsables desde figuras públicas.
La controversia no solo afecta la imagen de la Señorita Antioquia, sino que abre un debate profundo sobre los límites de la libertad de expresión en figuras con representación simbólica. Las reinas departamentales, aunque no ejercen cargos políticos, son portadoras de mensajes culturales y sociales, y su voz tiene un peso mediático que puede influir en el imaginario colectivo.
Para analistas políticos, este caso refleja el auge de una retórica extremista que busca normalizar la violencia contra quienes piensan diferente, especialmente hacia el presidente Gustavo Petro y su proyecto de transformación. En un contexto donde el gobierno impulsa una agenda de justicia social, equidad y diálogo, resulta preocupante que discursos de odio sean amplificados desde espacios de entretenimiento y belleza.
La respuesta de la Señorita Antioquia
Tras el escándalo, Gallego publicó un video en redes sociales asegurando que sus palabras fueron “sacadas de contexto” y que solo buscaba “generar conversación”. Sin embargo, evitó ofrecer una disculpa directa al presidente Petro o al exalcalde Quintero, lo que aumentó las críticas. En el mismo video afirmó que “ser reina también es atreverse a hablar de frente”, frase que algunos interpretaron como un desafío al CNB y a la opinión pública.
La organización del Concurso Nacional de Belleza evalúa posibles sanciones o la descalificación de la candidata, mientras líderes sociales insisten en que el caso debe servir como ejemplo de los límites del discurso en una democracia.
Colombia vive un momento en el que la palabra tiene poder político y simbólico: usarla para promover la violencia no solo es irresponsable, sino que atenta contra los valores de respeto y pluralismo que el país intenta consolidar tras décadas de conflicto.
El gobierno de Gustavo Petro, comprometido con la defensa de la libertad de expresión, ha insistido también en que esta debe ejercerse sin odio ni amenazas, y que quienes representen públicamente a Colombia deben ser portadores de diálogo, no de confrontación.
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