Uno de los contratos más controversiales del gobierno Duque acaba de llegar a su fin. Se trata de un acuerdo firmado en 2022 por Colombia Compra Eficiente, que entregó la distribución de medicamentos para entidades públicas a dos actores principales: Éticos Serrano Gómez Ltda., empresa vinculada al clan Char, y la unión temporal Audidrogas, conformada por Audifarma S.A. y Drogas S.A.
El negocio, que no tuvo valor inicial asignado, permitió ventas millonarias en el sistema de salud. Según cifras oficiales, solo Éticos Serrano habría facturado más de 1,8 billones de pesos en tres años, consolidando una posición dominante en el suministro de medicamentos a hospitales y entidades del Estado.
La firma exprés del contrato
El contrato fue firmado apenas 16 días antes de que Iván Duque dejara la Presidencia, una decisión que generó inquietudes desde el primer momento. Muchos expertos y actores del sector salud advirtieron sobre los riesgos de concentrar la distribución en tan pocas manos. No era solo un asunto de eficiencia, sino de transparencia y libre competencia.
Y es que el diseño del contrato generaba condiciones claramente ventajosas para los adjudicatarios: precios fijos, poca competencia y un esquema centralizado que obligaba a entidades públicas a acudir a los mismos proveedores. Prácticamente un monopolio con sello estatal.
Alerta por prácticas anticompetitivas
Con el tiempo, las alertas se encendieron. Colombia Compra Eficiente trasladó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) información sobre posibles prácticas anticompetitivas. La SIC terminó imponiendo una multa a Audidrogas por una conducta grave: presentar ofertas con precios bajos para ganar los procesos, y luego retirarse, favoreciendo así a su socio estratégico.
Este tipo de maniobras no solo distorsionan el mercado, sino que afectan directamente la calidad del servicio que reciben los pacientes, especialmente en regiones apartadas donde la entrega de medicamentos depende exclusivamente de estos contratos.
El golpe final
La gota que rebosó el vaso fue administrativa. Audidrogas no renovó el Registro Único de Proponentes (RUP), un requisito indispensable para poder contratar con el Estado. Esta omisión legal dejó sin piso el contrato, que fue oficialmente terminado el pasado 2 de mayo de 2025.
Sin ese documento, la unión temporal quedó inhabilitada, y con ello cayó un negocio que había sido, para algunos, uno de los símbolos de las "jugadas finales" del gobierno Duque.
¿Mermelada hasta el último minuto?
Los cuestionamientos no son nuevos. Durante todo el periodo Duque, múltiples voces alertaron sobre el uso político de los contratos públicos. Pero este caso en particular concentra varias señales preocupantes: rapidez en la firma, vínculos con sectores políticos poderosos, exclusividad en el negocio y una salida silenciosa cuando comenzaron las sanciones.
A tres años de su firma, el contrato termina sin mucho ruido, pero deja muchas preguntas abiertas. ¿Hubo responsabilidades políticas o administrativas? ¿Se investigará a fondo el manejo del contrato? ¿Se beneficiaron particulares de manera indebida?
Lo cierto es que, una vez más, el sistema de salud termina en el centro de una red de intereses que poco tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos. Y esta vez, con nombres y cifras sobre la mesa.
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