En un giro indignante, la congresista Ingrid Johana Aguirre Juvinao, representante a la Cámara por el movimiento Fuerza Ciudadana y ferviente defensora de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, enfrenta acusaciones de presunto abuso laboral.
Según revelaciones del medio Infobae Colombia, Aguirre habría adeudado más de 40 millones de pesos a un trabajador de su equipo de comunicaciones, quien laboró durante aproximadamente 10 meses sin contrato formal ni remuneración adecuada.
El denunciante, Geancarlo Santana, comunicador social y artista de grafiti, fue incorporado al equipo de Aguirre por directrices del movimiento político. Sin embargo, según su testimonio, la congresista lo obligó a realizar diversas tareas, como sesiones fotográficas y trabajos de comunicación, sin establecer un contrato laboral ni cumplir con las obligaciones legales correspondientes.
Las denuncias contra Aguirre ponen en entredicho la coherencia entre el discurso oficialista y las prácticas laborales dentro de sus propias filas. Mientras se promueve una reforma laboral que busca dignificar las condiciones de los trabajadores colombianos, estas acusaciones revelan una preocupante contradicción que socava la credibilidad de quienes la impulsan.
La situación exige una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades competentes, así como una reflexión profunda sobre la integridad y coherencia de los líderes políticos en relación con los principios que defienden públicamente.
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