Un exagente de la Policía Nacional de Colombia fue enviado a prisión provisional en España, acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad mientras trabajaba como repartidor de paquetes en varias urbanizaciones de Madrid.
El sospechoso, que fue identificado como Cristian H., de 27 años, emigró a España en el año 2023, tras renunciar a su puesto en la Policía Nacional en marzo del mismo año alegando motivos éticos y denuncias de corrupción interna.
Los hechos ocurrieron el domingo 13 de julio, en el barrio de Montecarmelo, específicamente en una urbanización de la avenida Santuario de Valverde. Según medios españoles, el presunto agresor abordó a dos niñas, una de 4 y otra de 8 años, ofreciéndoles dulces para ganarse su confianza y accediendo a la zona residencial gracias a su labor como domiciliario.
La madre de las menores sorprendió al sospechoso en flagrancia y alertó a vecinos. En medio del escándalo, algunos residentes intentaron lincharlo antes de que lograra escapar hacia una avenida cercana. Finalmente, fue capturado por integrantes del Grupo de Apoyo a la Mujer y la Familia (GAC/GOR) en la avenida del Monasterio de Silos y trasladado a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).
Un juez dictó prisión provisional para el acusado mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades españolas anunciaron también que se implementarán medidas para restringir el acceso de repartidores a la urbanización, con el fin de proteger la integridad de los residentes más vulnerables.
Cristian H. desempeñó funciones como patrullero entre 2017 y 2023. Según testimonios, renunció al cuerpo policial debido a prácticas corruptas entre sus superiores.
Vecinos y compañeros lo describen como una persona cordial con otros hombres, pero distante y “tosco” con mujeres. Además, algunos trabajadores comunitarios reportaron conductas extrañas, como quedarse observando áreas comunes durante largos períodos.
El caso ha generado conmoción en la comunidad de Montecarmelo y abierto debate sobre los protocolos de seguridad ante trabajadores foráneos en zonas residenciales. También reaviva la preocupación sobre la vulnerabilidad de menores y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección.
Las víctimas, por su parte, se encuentran recibiendo atención médica y psicológica, mientras que las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios para fortalecer el caso.
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