El presidente Gustavo Petro denunció que durante el gobierno de Iván Duque alrededor de 1.000 bienes incautados a narcotraficantes por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) habrían sido entregados de manera irregular a políticos y personas vinculadas al crimen organizado.
La acusación se produjo tras la captura en Medellín del abogado Enrique León Machado, señalado de tener nexos con testaferros del Clan del Golfo y en cuyo poder se hallaron documentos oficiales de la SAE que contenían registros de asignaciones de bienes, folios de matrícula inmobiliaria y datos de funcionarios.
Según Petro, los documentos encontrados evidenciarían la existencia de una estructura paralela, a la que calificó como una “SAE alterna”, desde la cual se manejaban cupos de devolución de bienes incautados a narcotraficantes para ser entregados a redes de poder político y criminal.
El mandatario afirmó que la operación irregular se consolidó durante la administración Duque, señalando incluso que algunos de esos bienes fueron direccionados a un abogado particular vinculado con la Presidencia del Senado en ese periodo.
La directora de la SAE, Amelia Pérez, rechazó los hechos y anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer cómo se filtraron los documentos y quiénes participaron en lo que podría constituir una red ilegal dentro de la entidad.
Pérez aseguró que se avanzará con celeridad en el proceso y que se dará a conocer a la opinión pública el resultado de las indagaciones, en coordinación con las autoridades judiciales.
El presidente Petro también aprovechó la denuncia para establecer un contraste entre la gestión de su gobierno y la de su antecesor. En su declaración sostuvo que, mientras en el pasado se habría permitido la devolución de bienes a narcotraficantes y políticos, su administración ha destinado estos activos a campesinos, universidades y organizaciones sociales, con el propósito de fortalecer el acceso a la tierra, la educación y proyectos comunitarios.
La denuncia abre un nuevo frente de debate político y judicial en torno al manejo de bienes incautados en Colombia. De confirmarse las irregularidades, el caso podría implicar responsabilidades administrativas y penales para quienes participaron en estas operaciones, así como revisar los mecanismos de control de la SAE.
El tema también pone sobre la mesa la necesidad de garantizar transparencia en la administración de recursos derivados de la lucha contra el narcotráfico.
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