El ente investigador afirma que José Fernando Cardona Uribe, presidente de la EPS entre 2012 y comienzos de 2024, junto con otros altos cargos como Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza (exgerente de contabilidad), y Fabio Antonio Peralta (exgerente de cuentas médicas), implementaron planes deliberados para ocultar pérdidas financieras reales, reportar utilidades ficticias, no procesar facturas presentadas por hospitales y clínicas, y así mantener habilitada la entidad ante la Superintendencia de Salud.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la deuda real de la EPS era de más de 5 billones de pesos al 2023, monto que había sido omitido de la contabilidad oficial. También se documenta que las utilidades falsas, entre 2019 y 2022, ascendieron aproximadamente a 91.490 millones de pesos, de los cuales unos 70.563 millones fueron utilizados para cubrir pasivos anteriores. Para el ente acusador, esa diferencia se configura como peculado.
Se apoyan las acusaciones en testimonios internos, interceptaciones telefónicas, intercambio de correos electrónicos, tablas de control financiero interno, y reportes de intervención que muestran topes impuestos al registro de facturación, para evitar que la deuda fuera visible.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha señalado en su intervención presidencial que los informes oficiales al asumir el control de la Nueva EPS aumentaron la cifra de la deuda estimada: de aproximadamente 3 billones de pesos alegados por la administración anterior, se descubrieron más de 8 billones al realizar una auditoría interna y ajustes contables.
Julián Rincón, interventor designado por el gobierno, se ha convertido en testigo formal del proceso judicial. En declaraciones recogidas por la Fiscalía, Rincón afirma haber hallado irregularidades que fueron ocultadas deliberadamente, incluyendo facturas sin procesar por cerca de 5,7 billones de pesos, deudas no contabilizadas y estados financieros que no reflejaban la situación real de la entidad.
El gobierno ha defendido la intervención pública como un paso necesario para revelar “la verdad financiera” de la EPS, proteger los recursos públicos y garantizar los derechos en salud de los afiliados. La magnitud del presunto desfalco revela que muchos años de pérdida real de control contable y transparencia amenazaron la viabilidad del sistema de seguridad social en salud.
La Fiscalía avanza en un proceso penal por delitos como peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado. Los acusados niegan haber desviado dinero, sosteniendo que no hubo utilización indebida del patrimonio para enriquecimiento externo, sino errores administrativos.
Más de 12 millones de afiliados de la Nueva EPS podrían verse afectados si no se corrigen cuanto antes las fallas en los procesos de atención médica, pagos a prestadores y garantías operativas. La publicación de estas pruebas por parte de la Fiscalía confirma numerosos señalamientos realizados por el presidente Petro y su administración, que apuntaban a una gestión negligente o deliberadamente fraudulenta por parte de los antiguos directivos de la Nueva EPS.
Si bien el gobierno enfrenta críticas por la forma y los tiempos de la intervención, estos hallazgos fortalecen su argumento de que era indispensable asumir el control para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y el sostenimiento del sistema de salud.
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