En una operación de alta precisión realizada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el Gobierno del presidente Gustavo Petro asestó un nuevo golpe al Clan del Golfo. El bombardeo, ejecutado en la noche del lunes 7 y madrugada del martes 8 de julio en zona rural de los municipios de Valdivia y Briceño, dejó un saldo estimado entre 30 y 40 presuntos integrantes del grupo narcoparamilitar, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez .
El ministro Sánchez enfatizó que se trató de un operativo técnicamente planificado, apoyado por inteligencia militar, en el que se emplearon aeronaves Kfir para atacar un campamento donde se planeaban acciones terroristas contra la población civil y unidades de las Fuerzas Militares.
Esta ofensiva representa el cuarto bombardeo realizado en 2025 por la FAC, y el tercero dirigido específicamente contra posiciones del Clan del Golfo en Antioquia . El operativo se inscribe dentro de la estrategia del Gobierno para debilitar las economías ilegales y restablecer el control territorial en las regiones más afectadas por la violencia, en línea con los principios de “Paz Total”.
Las autoridades, según Sánchez, están aún en labores de evaluación en el terreno, pues los movimientos de tierra generados por la explosión dificultan el conteo preciso de los cuerpos . Aun así, enfatizó que no se han reportado víctimas civiles, menores de edad ni daños a bienes protegidos, lo que respalda el compromiso con el Derecho Internacional Humanitario.
Este golpe llega en un momento en que el Gobierno ha aumentado la presión sobre las estructuras criminales en Antioquia. En lo que va de 2025, las Fuerzas Armadas han realizado múltiples operaciones y logrado neutralizar un número significativo de integrantes del Clan del Golfo, sin comprometer los derechos de las comunidades o la legalidad de las acciones.
Con esta operación, el Gobierno Petro refrenda que la defensa de la seguridad pública está acompañada de una política integral: fuerza legítima del Estado, inteligencia efectiva y apertura al sometimiento para quienes abandonen la violencia. El mensaje es contundente: quienes insistan en delinquir deberán enfrentar toda la capacidad del Estado; quienes opten por la paz, encontrarán un camino institucional y estructural.
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