El Ministerio de Salud y Protección Social fue claro: el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no se hace al azar ni por capricho político, sino a partir de la información real de costos y servicios reportada por las propias EPS, bajo metodologías técnicas, controles y análisis rigurosos.
#Comunicado | #Minsalud reitera que el cálculo de UPC se realiza a partir de la información de costos y servicios reportada por las EPS. Este proceso de hace de manera rigurosa y tiene en cuenta todos los factores que permiten designar los recursos suficientes para el… pic.twitter.com/vV8r4nFqZi
— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) December 16, 2025
Durante más de dos décadas, el sistema de salud colombiano ha evidenciado que el problema estructural no es la insuficiencia de recursos, sino el manejo inadecuado, irresponsable y sin controles efectivos que varias EPS han hecho del dinero público. Prueba de ello son las múltiples intervenciones, liquidaciones y procesos judiciales que se han dado en el sector.
Los análisis oficiales del Gobierno Nacional, en cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional, revelan hechos graves que no pueden minimizarse: pagos por servicios a personas fallecidas, sobrecostos desproporcionados en medicamentos y tratamientos facturados hasta por cientos de veces su valor real. Estas prácticas configuran un patrón sistemático de desvío y despilfarro de recursos destinados a la salud de los colombianos.
Contrario al discurso de ACEMI y la ANDI, los estudios del Ministerio de Salud demuestran que de cada 100 pesos asignados por UPC, se ejecutan entre 85 y 97 pesos, lo que desmonta la narrativa de una supuesta siniestralidad desbordada o de una crisis causada por falta de recursos. Insistir en esa versión busca instalar una percepción de colapso financiero inexistente para justificar mayores giros de dinero público sin corregir las fallas estructurales.
Resulta especialmente grave que quienes hoy exigen un aumento del 15% al 17% de la UPC sean los mismos sectores empresariales que dejaron de pagar el aporte patronal a la salud desde 2014, generando un hueco fiscal superior a los 32 billones de pesos, que terminó cubriendo el Estado con recursos de todos los ciudadanos.
El mensaje del Gobierno es claro: no se puede seguir tapando la mala administración con más recursos. Antes de hablar de aumentos desproporcionados de la UPC, se deben corregir las prácticas que llevaron a la crisis, fortalecer los controles y establecer responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias.
La salud es un derecho, no un negocio. Y los recursos públicos deben protegerse, no seguir financiando irregularidades.
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